"NUESTRA PROLONGADA Y COMBATIVA LUCHA POR LA LEY 23908": febrero 2018

miércoles, 21 de febrero de 2018

UNIDAD PARA LUCHAR, UNIDAD PARA COMBATIR, UNIDAD PARA TRIUNFAR.

PERSONAS ADULTAS MAYORES - PENSIONISTAS DEL D.L. 19990 Y D.L. 18846, DENUNCIAN AL JEFE DE LA ONP

16° FISCALIA PROVINCIAL PENAL DE LIMA

DENUNCIANTES: PERSONAS ADULTAS MAYORES

DENUNCIADO: JEFE DE LA OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL - ONP

DELITOS: ABUSO DE AUTORIDAD HY APROPIACION ILICITA.

- ABUSO DE AUTORIDAD
Artículo 376 del Código Penal indica que: “EL FUNCIONARIO PÚBLICO QUE, ABUSANDO DE SUS ATRIBUCIONES, COMETE U ORDENA UN ACTO ARBITRARIO QUE CAUSE PERJUICIO A ALGUIEN SERÁ REPRIMIDO CON PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD NO MAYOR DE TRES AÑOS.”

- APROPIACION ILICITA
CAPÍTULO III – Art. 190 del Código Penal indica que: “EL QUE, EN SU PROVECHO O DE UN TERCERO, SE APROPIA INDEBIDAMENTE DE UN BIEN MUEBLE, UNA SUMA DE DINERO O UN VALOR QUE HA RECIBIDO EN DEPÓSITO, COMISIÓN, ADMINISTRACIÓN U OTRO TÍTULO SEMEJANTE QUE PRODUZCA OBLIGACIÓN DE ENTREGAR, DEVOLVER, O HACER UN USO DETERMINADO, SERÁ REPRIMIDO CON PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD NO MENOR DE DOS NI MAYOR DE CUATRO AÑOS … CUANDO EL AGENTE SE APROPIA DE BIENES ….. U OTROS SIMILARES LA PENA SERÁ PRIVATIVA DE LIBERTAD NO MENOR DE CUATRO NI MAYOR DE DIEZ AÑOS”.

SE AGRAVA ESTA SITUACION CUANDO EL DENUNCIADO ES FUNCIONARIO PUBLICO, Y JEFE O CABECILLA DE UNA ORGANIZACION O MAQUINARIA CRIMINAL.

ALGUNOS HECHOS RESALTANTES

DE LA DENUNCIA CONTRA EL JEFE

DE LA ONP.

En el mes de setiembre del año 1984, se ha publicado en el Diario Oficial “El Peruano” la Ley N° 23908, que fuera aprobada por el Congreso de la República, ESTA LEY SE APROBO AL AMPARO DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL PERU DEL AÑO 1979.

Con fecha 18 de junio del año 1989, se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” la Ley N° 25048 que, en su Artículo Unico, in fine, señala que los pensionistas del Sistema Nacional de Pensiones continuarán percibiendo los beneficios de la Ley N° 23908. ESTA LEY, IGUALMENTE SE APROBO POR EL CONGRESO DE LA REPUBLICA, AL AMPARO DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL AÑO 1979.

EL INSTITUTO PERUANO DE SEGURIDAD SOCIAL – IPSS, encargado del Sistema de Pensiones, en los años 80, inició el cumplimiento de la referida Ley, fijando las pensiones iniciales en una suma equivalente a tres mínimos vitales, reajustando esta pensión inicial con prioridad trimestral, y de acuerdo al Alza del Costo de Vida.

Años después, sin que exista norma legal alguna, se ha procedido a suspender abusivamente estos beneficios, agresión prepotente y temeraria del denunciado, que perdura hasta la fecha.

En el año 1991, un grupo de pensionistas acude al Poder Judicial, y logra que la Corte Suprema de Justicia de la República emita Sentencia, su fecha 12 DE AGOSTO DEL AÑO 1991, recaída en el Exp. N° 2039-90, ordenando al Instituto Peruano de Seguridad Social - IPSS, que cumpla con reajustar, con prioridad trimestral, la pensión inicial de acuerdo al Alza del Costo de Vida, según el mandato del Art. 4° de la Ley N° 23908. NUNCA SE CUMPLIÓ ESTA

SENTENCIA.

En el año 2000, otro grupo de pensionistas, entre los que se encuentran muchos de los denunciantes, han acudido hasta el Tribunal Constitucional, logrando Sentencia, su fecha 27 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2002, recaída en el Exp. N° 0703-2002-AC/TC, que declara FUNDADA su demanda, ordenando a la Oficina de Normalización Previsional - ONP, (antes IPSS), proceda a fijar la pensión inicial en una suma equivalente a tres mínimos vitales o sus sustitutorios, asimismo se reajuste esta pensión inicial con prioridad trimestral de acuerdo al alza del Costo de Vida.

Tras 15 largos años, y pese a nuestra diaria insistencia, el DENUNCIADO JEFE DE LA ONP, apelando a una serie de artimañas y triquiñuelas legaloides, no ha cumplido con este mandato de la Máxima Instancia de Justicia del país, causando gravísimo perjuicio a los denunciantes, y a sus Hogares de Familia.

Ante la insistente, y permanente exigencia de los denunciantes, para que el denunciado cumpla con la Ley N° 23908, ha contestado, afirmando, en un primer momento, que la Ley N° 23908 fue derogada por la Ley N° 24786, a partir del 14 de enero del año 1988.

LUEGO SE VE OBLIGADO A ACEPTAR QUE, SEGÚN EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, LA LEY N° 23908, SE ENCONTRABA DEROGADA DESDE EL 24 DE ABRIL DEL AÑO 1996, AL ENTRAR EN VIGENCIA EL DECRETO LEGISLATIVO N° 817-96.

Tiempo después, el denunciado haciendo uso de su cercanía con el Poder, o su poderío económico (con dinero que nos pertenece), EN BASE A SUS “EXITOSAS Y MUY SOSPECHOSAS GESTIONES”, LOGRA ALGO QUE - PARA CUALQUIER CIUDADANO DEL PERU - ES IMPOSIBLE, ES DECIR, QUE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, VIOLANDO EL INSTITUTO DE LA COSA JUZGADA, Y APARTANDOSE ILEGALMENTE DE SU PROPIA JURISPRUDENCIA, EMITA NUEVAS SENTENCIAS, MEDIANTE LAS CUALES PRETENDE DEJAR SIN EFECTO, LA SENTENCIA 0703-2002-AC/TC, SEÑALANDO QUE LA LEY N° 23908 FUE DEROGADA EL 19 DE DICIEMBRE DEL AÑO 1992, AL ENTRAR EN VIGENCIA EL DECRETO LEY N° 25967.

CON EL UNICO PROPOSITO DE PAGAR SUMAS MENORES A LAS QUE LEGALMENTE LES CORRESPONDIA PERCIBIR A LOS PENSIONISTAS POR APLICACIÓN DE LA LEY N° 23908.

Con la seguridad que la razón, la ley y la justicia nos amparaba, y que se nos estaban arrebatando nuestros legítimos derechos a UNA PENSION DE JUBILACION, INVALIDEZ, Y VIUDEZ DIGNAS, le hemos recordado al denunciado, que el Art. 103 de la Constitución Política del Perú, establece que: “…. LA LEY SOLO SE DEROGA POR OTRA LEY”.

La Ley N° 23908, fue aprobada por el Congreso de la República, en el transcurso de un Gobierno Democrático, en consecuencia, LA LEY 23908, SÓLO PUEDE SER MODIFICADA, DEROGADA, ANULADA Y/O DEJADA SIN EFECTO, POR UNA NUEVA LEY QUE SEA APROBADA POR EL CONGRESO DE LA REPUBLICA.

Pese a ello, el denunciado afirma y se reafirma maliciosa y dolosamente, que la Ley N° 23908, FUE DEROGADA EL 19 DE DICIEMBRE DEL AÑO 1992, POR EL DECRETO LEY N° 25967.

El Decreto Ley N° 25967, se emitió durante una DICTADURA, tras la disolución violenta e inconstitucional del Congreso de la República, razón por la cual afirmamos sin temor a equivocarnos que el D.L. N° 25967, EMITIDO POR UN GOBIERNO USURPADOR, NO PUEDE DEROGAR UNA LEY APROBADA POR EL CONGRESO DE LA REPUBLICA, Y MUCHO MENOS PARA ARREBATAR DERECHOS ADQUIRIDOS A LOS PENSIONISTAS.

Además, el Decreto Ley N° 25967, en ninguno de sus artículos se refiere a la Ley N° 23908, menos LEGISLA SOBRE LA PENSION INICIAL O MINIMA, AL CONTRARIO, EL D.L. N° 25967, SOLO SE REFIERE A FIJAR EL TOPE MAXIMO DE LA PENSION, pese a ello, el Funcionario Público denunciado, falazmente continúa afirmando que el D.L. N° 25967 derogó la Ley N° 23908.

Como NO PODRIA SER DE OTRA MANERA, EL LANZAR AFIRMACIONES FALACES, COMO QUE LA LEY N° 23908, FUE DEROGADA EL 19 DE DICIEMBRE DEL AÑO 1992, HA PERMITIDO QUE EL FUNCIONARIO PUBLICO DENUNCIADO, EN APARENTE APLICACIÓN DE LA LEY N° 23908, FIJE LA SUMA DIMINUTA DE S/. 36.00 NUEVOS SOLES, COMO PENSION INICIAL, ARGUMENTANDO, FALSAMENTE QUE A LA FECHA DE LA DEROGATORIA DE LA LEY N° 23908, EL 19 DE DICIEMBRE DEL AÑO 1992, EL MINIMO VITAL ESTABA FIJADO EN S/. 12.00 NUEVOS SOLES, (3 x 12 = 36), POR CONSIGUIENTE, LOS TRES MINIMOS SEÑALADOS EN LA LEY N° 23908, EQUIVALEN A S/. 36.00 NUEVOS SOLES.

La afirmación del denunciado que la Ley N° 23908, fue derogada el 19 de diciembre del año 1992, ES COMPLETAMENTE FALSA, PUES, DICHA LEY SE ENCUENTRA VIGENTE HASTA LA FECHA, así se desprende de la reciente Carta N° 036-134083-5-2017-2018-DGP/CR, su fecha 12 de octubre del año 2017, suscrita por el Dr. JOSE ABANTO VALDIVIESO, en su condición de Director General Parlamentario del Congreso de la República, mediante la cual afirma que, según las Leyes N°s 29477, 29583, 29629, y 29744, sobre el proceso de consolidación del espectro normativo peruano, LA LEY N° 23908, NO SE ENCUENTRA DEROGADA.

Dicha afirmación ha sido confirmada, en todos sus extremos, mediante el Oficio N° 376-2017-JUS/DGDNCR, su fecha 6 de noviembre del año 2017, suscrito por la Dra. MIRIAM ISABEL PEÑA NIÑO, en su condición de Directora General de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que contiene el Informe Legal N° 035-2017-JUS-DGDNCR-DS.JD, su fecha 3 de noviembre del año 2017, que, señala entre otros aspectos que la LEY N° 23908, NO HA SUFRIDO AFECTACIÓN O DEROGACIÓN EXPRESA DESDE SU PUBLICACION.

Queda más que evidente LA ACTUACION ILICITA en la que ha venido, y continúa incurriendo el denunciado, al afirmar que la Ley N° 23908, estuvo vigente hasta el 19 de diciembre del año 1992, LO CUAL ES COMPLETAMENTE FALSO.

Se agrava la situación penal del denunciado, al haber venido aplicando - para fijar el monto de las pensiones – el D.S. N° 002-91-TR, HASTA EL 19 DE DICIEMBRE DEL AÑO 1992, cuando éste Decreto Supremo, FUE DEROGADO EL 5 DE MARZO DEL AÑO 1992, quedando en evidencia la actuación temeraria y dolosa, por parte del Funcionario Público denunciado, en agravio de los 600 mil pensionistas del D.L. N° 19990 y D.L. N° 18846.

QUEDA, PUES, ACREDITADO QUE EL FUNCIONARIO PUBLICO DENUNCIADO, HA INCURRIDO EN LA COMISION DEL DELITO DE ABUSO DE AUTORIDAD, TIPIFICADO EN EL ART. 376 DEL CODIGO PENAL, EN PERJUICIO DE LOS DENUNCIANTES, Y SUS HOGARES DE FAMILIA.

El Funcionario Público denunciado, SE HA AMPARADO EN UNA NORMA INEXISTENTE PARA ABONARLE A LOS DENUNCIANTES LA SUMA OFENSIVA E INDIGNANTE DE S/. 36.00 NUEVOS SOLES MENSUALES (3 x 12), DADO QUE EL D.S. N° 002-91-TR, FUE DEJADO SIN EFECTO EL 6 DE MARZO DEL AÑO 1992, QUEDANDO DE ESTA MANERA EN EVIDENCIA LA CONDUCTA PROCLIVE AL DELITO DE PARTE DEL DENUNCIADO, A FIN DE ABONAR A LOS DENUNCIANTES, PENSION MENSUAL, EN MONTOS MUCHO MENORES A LOS QUE LEGALMENTE LES CORRESPONDIA.

Cientos y miles de pensionistas HAN VISTO LLEGAR EL FINAL DE SUS DIAS EN LA MAS COMPLETA Y ESPANTOSA MISERIA, AL NO CONTAR CON LO MAS ELEMENTAL PARA SU SUBSISTENCIA, PUES, PENSIONES DE 300 A 400 NUEVOS SOLES MENSUALES, NO ALCANZAN PARA SUBSISTIR NI UNA SEMANA EN ESTA CIUDAD, MIENTRAS QUE EL DENUNCIADO SE APROPIABA – CON ARGUCIAS Y MENTIRAS - DE LAS PENSIONES QUE LEGALMENTE LES CORRESPONDIA A LOS DENUNCIANTES, ESTE ES UNO DE LOS MAS DESPRECIABLES DELITOS, ROBARLES A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, QUE SE ENCUENTRAN INDEFENSAS E INCLUSO GRAVEMENTE ENFERMAS

EL FUNCIONARIO PUBLICO

DENUNCIADO HA ACTUADO CON

ALEVOSIA, ENSAÑAMIENTO,

VENTAJA Y CRUELDAD AL AFIRMAR

QUE LA LEY N° 23908 SE

ENCONTRABA DEROGADA DESDE EL

19 DE DICIEMBRE DEL AÑO 1992,

CUANDO EL CONGRESO DE LA

REPUBLICA ACABA DE SEÑALAR

QUE LA LEY N° 23908, NO HA SIDO

DEROGADA POR NINGUNA OTRA

LEY APROBADA POR EL CONGRESO

DE LA REPUBLICA.

Y, en cuanto al pago de la suma diminuta e irrisoria de S/. 36.00 Nuevos Soles, EL DENUNCIADO HA AFIRMADO QUE EL DECRETO SUPREMO N° 002-91-TR, SE ENCONTRABA VIGENTE AL 19 DE DICIEMBRE DEL AÑO 1992, CUANDO ESTA NORMA HABIA SIDO DEROGADA EL 6 DE MARZO DEL AÑO 1992, asi lo señala el señor Dr. ROGER SICCHA MATINEZ, en su condición de Secretario General del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en su valioso Oficio N° 4553 -2017-MTPE/4, su fecha 6 de noviembre del año 2017, que contiene el Informe Jurídico, que fuera aprobado por el Dr. CESAR E. ABANTO REVILLA, Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica del referido Portafolio

QUE CONCLUYE SEÑALANDO QUE:

NO EXISTE POSIBILIDAD DE QUE ALGUNA INSTITUCION ESTUVIERA APLICANDO LOS DECRETOS SUPREMOS N° 002-91-TR Y N° 003-92-TR, EN TANTO QUE ESTOS HAN SIDO DEROGADOS.

Es evidente entonces que la ACTUACION DEL DENUNCIADO ES, Y HA SIDO DELICTIVA, AL APELAR A MENTIRAS Y EMBUSTES, CON EL UNICO PROPOSITO DE APROPIARSE DEL DINERO QUE POR JUBILACION, INVALIDEZ Y VIUDEZ, LES CORRESPONDIA A LOS DENUNCIANTES, POR LO QUE EL FUNCIONARIO PUBLICO DENUNCIADO, EN SU CONDICION DE JEFE O CABECILLA DE UNA ORGANIZACON CRIMINAL, HABRIA INCURRIDO EN EL GRAVISIMO DELITO DE APROPIACION ILICITA EN DIRECTO AGRAVIO DE LOS DENUNCIANTES, HASTA POR UNA SUMA APROXIMADA DE S/. 250,000.00 MIL SOLES MAS INTERESES LEGALES, POR CADA UNO DE LOS DENUNCIANTES. (APROX. 46 MILLLONES DE SOLES).

En consecuencia queda perfectamente acreditado que el Funcionario Público denunciado – CON ARGUMENTOS FALACES - SE HA APROPIADO ILÍCITAMENTE DE LOS FONDOS QUE ADMINISTRABA, Y QUE TENÍA LA OBLIGACIÓN DE PAGAR A LOS DENUNCIANTES, EN SU OPORTUNIDAD.

DE OTRO LADO SE SEÑALA EN LA DENUNCIA:

Pedimos se tenga presente que el Gobierno transfirió para pagar EXCLUSIVAMENTE la deuda de la Ley N° 23908, en diciembre del año 2008, la suma de S/. 985 Millones de Soles, el denunciado en respuesta al Congreso de la República, ha afirmado que entre los años 2009 y 2014, ha cancelado a más de 96 Mil pensionistas los adeúdos de la Ley N° 23908, por un total de S/. 401 Millones de Soles, encontrándose prácticamente “CERRADO” este caso. NOSOTROS PREGUNTAMOS: SI, EL DENUNCIADO RECIBIO 985 MILONES DE NUEVOS SOLES, Y PAGO DEUDAS POR 410 MILLLONES DE SOLES, ¿CUAL HA SIDO EL DESTINO DEL SALDO POR MAS DE 584 MILLONES DE NUEVOS SOLES?.

ADEMAS EN LA DENUNCIA:

SE HA SOLICITADO EL IMPEDIMENTO DE SALIDA DEL PAÍS del Funcionario Público denunciado, y de los que resulten responsables, hasta que concluya el presente proceso penal.

SE HA SOLICITADO se le imponga al denunciado la PENA ACCESORIA DE INHABILITACION PARA DESEMPEÑAR CARGOS PUBLICOS HASTA POR EL DOBLE DE LA CONDENA MAS ALTA QUE PERMITA NUESTRO ORDENAMIENTO PENAL.

SE HA SOLICITADO se fije en la suma de UN MILLON DE DOLARES, la Indemnización por Daños y Perjuicios que el denunciado deberá pagar – de su propio peculio - a los denunciantes.

SE HA SOLICITADO a fin de garantizar el pago de la Indemnización peticionada, se pida el EMBARGO PREVENTIVO de los bienes muebles e inmuebles, cuentas bancarias, títulos, valores, que posea el denunciado, en el país o en algún paraíso fiscal del extranjero, hasta por la suma de TRES MILLONES DE SOLES.