"NUESTRA PROLONGADA Y COMBATIVA LUCHA POR LA LEY 23908"

sábado, 31 de diciembre de 2011

31 DE DICIEMBRE DE 2011

TAL COMO SIEMPRE LO HEMOS AFIRMADO, LOS TRABAJADORES Y EL PUEBLO EXPLOTADO SIEMPRE NOS HEMOS ESTADO ENFRENTANDO, DESDE FUJIMORI, PANIAGUA, TOLEDO, GARCIA Y AHORA HUMALA A UN ESTADO Y GOBIERNOS ABUSIVOS, PREPOTENTES, DESPOTICOS, TIRANICOS QUE NO RESPETAN EN NADA LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS Y HAN DEJADO DE LADO, CUANDO LES CONVIENE, LOS TRATADOS O CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR EL PERU Y APROBADOS POR EL CONGRESO DE LA REPUBLICA.

POR CONVENIR AL DERECHO DE INFORMACION DEL PUEBLO Y DE NUESTROS AFILIADOS, CUMPLIMOS CON REPRODUCIR EL COMUNICADO DE LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS - CIDH, SOBRE OTRO CASO MAS DE DENUNCIA - POR CRIMENES DE LESA HUMANIDAD - CONTRA EL ESTADO DEL PERU

Comunicado de Prensa 137/11: CIDH presenta caso sobre Perú ante la CorteIDH.

Press Release 137/11: IACHR Takes Case Involving Peru to Inter-American Court.

CIDH PRESENTA CASO SOBRE PERÚ ANTE LA CORTEIDH

Washington, D.C., 30 de diciembre de 2011 – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) el Caso No. 12.444, Eduardo Nicolás Cruz Sánchez y otros (Operación Chavín de Huántar), Perú.

El caso se refiere a la ejecución extrajudicial de tres miembros del MRTA durante la Operación Chavín de Huántar, mediante la cual se retomó el control sobre la residencia del Embajador de Japón en el Perú, la cual había sido tomada por el grupo armado desde el 17 de diciembre de 1996, y se rescató a 72 rehenes en 1997. Las tres personas ejecutadas se encontraban en custodia de agentes estatales y, al momento de la ejecución, no representaban una amenaza para sus captores. Luego del Operativo, los cuerpos sin vida de los catorce miembros del MRTA fueron remitidos al Hospital Policial y, sin haber practicado una autopsia adecuada, los restos fueron enterrados horas después en diferentes cementerios de la ciudad de Lima, once de ellos como NN. Tras la denuncia de los familiares de algunos de los ejecutados extrajudicialmente, se inició una investigación en el fuero común en 2002, pero la Corte Suprema de Justicia remitió la investigación al fuero militar, donde se archivó en 2004. En el fuero penal común se siguió la investigación contra Vladimiro Montesinos Torres, Nicolás de Bari Hermosa Ríos, Roberto Huamán Azcurra y Jesús Zamudio Aliaga, y se encuentra en etapa de juicio oral.

En relación con los hechos específicos del caso, la Comisión reconoce que la Operación Chavín de Huántar, llevada a cabo durante los años del conflicto armado interno, tenía como objetivo legítimo el proteger la vida de los rehenes, quienes llevaban más de cuatro meses dentro de la residencia del Embajador de Japón, bajo control de catorce miembros del grupo insurgente MRTA. La CIDH no es ajena al hecho de que el secuestro de agentes diplomáticos y de civiles atenta contra principios básicos del Derecho Internacional Humanitario y tiene presente asimismo que las personas bajo poder del MRTA se encontraban expuestas a un riesgo permanente contra su vida e integridad personal. Al respecto, la Comisión ha reafirmado en su Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos, que los Estados tienen la obligación de proteger y garantizar la seguridad de sus poblaciones frente a acciones terroristas.

Sin perjuicio de la obligación de los Estados de proteger y garantizar la seguridad de sus poblaciones, la Comisión considera importante recordar que al adoptar dichas medidas los Estados deben cumplir con sus obligaciones internacionales, incluyendo las del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Como lo ha señalado la Comisión, “el respeto irrestricto por los derechos humanos debe ser parte fundamental de todas las estrategias antisubversivas cuando las mismas tengan que ser implementadas”, lo que conlleva el respeto del pleno alcance de los derechos humanos. La CIDH subraya que el poder del Estado no es ilimitado, ni puede éste recurrir a cualquier medio para alcanzar sus fines “independientemente de la gravedad de ciertas acciones y de la culpabilidad de quienes cometen ciertos delitos”.

El caso se envió a la Corte IDH el 13 de diciembre de 2011 porque la Comisión consideró que el Estado no cumplió con las recomendaciones contenidas en el Informe de Fondo. En dicho informe, la CIDH concluyó que Perú era responsable por la violación del derecho a la vida en perjuicio de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, Herma Luz Meléndez Cueva y Víctor Salomón Peceros Pedraza y la violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial y al derecho a la integridad personal, en perjuicio de los familiares de las víctimas ejecutadas. A 14 años de los hechos, el Estado peruano no ha llevado a cabo una investigación diligente y efectiva de los hechos, ni ha determinado las responsabilidades sobre los autores materiales e intelectuales de los mismos.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

Enlaces útiles:
Informe de Admisibilidad del Caso

Demandas y casos enviados a la CorteIDH

Oficina de Prensa de la CIDH

Sitio Web de la CIDH

CIDH en Facebook

CIDH en Twitter

IACHR TAKES CASE INVOLVING PERU TO INTER-AMERICAN COURT

Washington, D.C., December 30, 2011 – The Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) filed an application with the Inter-American Court of Human Rights (IA Court HR) in Case No. 12.444, Eduardo Nicolás Cruz Sánchez et al., (Operation Chavín de Huántar), Peru.

The case deals with the extrajudicial execution of three members of the MRTA during the Operation Chavín de Huántar, through which authorities regained control of the residence of the Ambassador of Japan in Peru – which had been taken by the armed group on December 17, 1996 – and 72 hostages were rescued, in 1997. The three executed persons were under the custody of State agents and, at the time of their execution, did not represent a threat for their captors. After the Operation, the corpses of the 14 MRTA members were sent to the Police Hospital and, without an adequate autopsy, the remains were buried hours later in different cemeteries of the city of Lima, 11 of them as NN. After the complaints presented by family members of some of the extrajudicially executed, an investigation was opened in the civilian jurisdiction in 2002, but the Supreme Court of Justice decided to send the investigation to the military jurisdiction, where it was dismissed in 2004. In the civilian criminal jurisdiction, an investigation was pursued against Vladimiro Montesinos Torres, Nicolás de Bari Hermosa Ríos, Roberto Huamán Azcurra and Jesús Zamudio Aliaga, which is in oral phase.

Regarding the specific facts of the case, the Commission recognizes that Operation Chavín de Huántar, implemented during the years of the internal armed conflict, had the legitimate objective of protecting the lives of the hostages, who had spent over four months inside the residence of the Ambassador of Japan under the control of fourteen members of the MRTA insurgent group. The IACHR is well aware that the kidnapping of diplomats and civilians violates the basic principles of International Humanitarian Law and it is likewise cognizant that the individuals under the MRTA’s control were at constant risk of their lives and personal integrity. In this regard, the Commission has determined in its Report on Terrorism and Human Rights that States have the obligation to protect and guarantee the security of their populations against terrorist actions.

Without detriment to the obligation of the States to protect and guarantee the security of their populations, the Commission deems it important to recall that when adopting such measures, States must comply with their international obligations, including International Human Rights Law. As the Commission has pointed out, “unqualified respect for human rights must be a fundamental part of any anti-subversive strategies, when such strategies have to be implemented,” and this entails respect for the full scope of human rights. The IACHR underscores that the power of the State is not unlimited, nor may it resort to any means to achieve its ends “regardless of the seriousness of certain actions and the culpability of the perpetrators of certain crimes.”

The case was sent to the IA Court HR on December 13, 2011, because the Commission considered that the State had not complied with the recommendations contained in its Report on the Merits. In that report, the IACHR concluded that Peru was responsible for the violation of the right to life to the detriment of Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, Herma Luz Meléndez Cueva and Víctor Salomón Peceros Pedraza and the violation of the rights to due process guarantees and judicial protection and the right to personal integrity to the detriment of the next of kin of the executed victims. Fourteen years after the facts, the Peruvian State has not conducted an effective investigation with due diligence on these facts, nor has it determined responsibilities regarding its material and intellectual authors.

A principal, autonomous body of the Organization of American States (OAS), the IACHR derives its mandate from the OAS Charter and the American Convention on Human Rights. The Inter-American Commission has a mandate to promote respect for human rights in the region and acts as a consultative body to the OAS in this matter. The Commission is composed of seven independent members who are elected in an individual capacity by the OAS General Assembly and who do not represent their countries of origin or residence.

Useful Links

Admissibility Report in the case

Applications Filed with the Inter-American Court

IACHR Press Office

Website of the IACHR

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