31 DE DICIEMBRE DE 2011
TAL COMO SIEMPRE LO HEMOS
AFIRMADO, LOS TRABAJADORES Y EL PUEBLO EXPLOTADO SIEMPRE NOS HEMOS
ESTADO ENFRENTANDO, DESDE FUJIMORI, PANIAGUA, TOLEDO, GARCIA Y AHORA
HUMALA A UN ESTADO Y GOBIERNOS ABUSIVOS, PREPOTENTES, DESPOTICOS,
TIRANICOS QUE NO RESPETAN EN NADA LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS Y HAN
DEJADO DE LADO, CUANDO LES CONVIENE, LOS TRATADOS O CONVENIOS
INTERNACIONALES SUSCRITOS POR EL PERU Y APROBADOS POR EL CONGRESO DE LA
REPUBLICA.
POR
CONVENIR AL DERECHO DE INFORMACION DEL PUEBLO Y DE NUESTROS AFILIADOS,
CUMPLIMOS CON REPRODUCIR EL COMUNICADO DE LA COMISION INTERAMERICANA DE
DERECHOS HUMANOS - CIDH, SOBRE OTRO CASO MAS DE DENUNCIA - POR CRIMENES DE LESA HUMANIDAD - CONTRA EL
ESTADO DEL PERU
Comunicado de Prensa 137/11: CIDH
presenta caso sobre Perú ante la CorteIDH.
Press Release 137/11:
IACHR
Takes Case Involving Peru to Inter-American Court.
CIDH PRESENTA CASO SOBRE PERÚ ANTE LA CORTEIDH
Washington, D.C., 30 de
diciembre de 2011 – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
presentó ante la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (CorteIDH) el Caso No. 12.444, Eduardo
Nicolás Cruz Sánchez y otros (Operación Chavín de Huántar),
Perú.
El caso se refiere a la ejecución extrajudicial de tres miembros del MRTA durante la
Operación Chavín de Huántar, mediante la cual se retomó el control sobre la
residencia del Embajador de Japón en el Perú, la cual había sido tomada por el
grupo armado desde el 17 de diciembre de 1996, y se rescató a 72 rehenes en
1997. Las tres personas ejecutadas se encontraban en custodia de agentes
estatales y, al momento de la ejecución, no representaban una amenaza para sus
captores. Luego del Operativo, los cuerpos sin vida de los catorce miembros del
MRTA fueron remitidos al Hospital Policial y, sin haber practicado una autopsia
adecuada, los restos fueron enterrados horas después en diferentes cementerios
de la ciudad de Lima, once de ellos como NN. Tras la denuncia de los familiares
de algunos de los ejecutados extrajudicialmente, se inició una investigación en
el fuero común en 2002, pero la Corte Suprema de Justicia remitió la
investigación al fuero militar, donde se archivó en 2004. En el fuero penal
común se siguió la investigación contra Vladimiro Montesinos Torres, Nicolás de
Bari Hermosa Ríos, Roberto Huamán Azcurra y Jesús Zamudio Aliaga, y se encuentra
en etapa de juicio oral.
En relación con los hechos
específicos del caso, la Comisión reconoce que la Operación Chavín de Huántar,
llevada a cabo durante los años del conflicto armado interno, tenía como
objetivo legítimo el proteger la vida de los rehenes, quienes llevaban más de
cuatro meses dentro de la residencia del Embajador de Japón, bajo control de
catorce miembros del grupo insurgente MRTA. La CIDH no es ajena al hecho de que
el secuestro de agentes diplomáticos y de civiles atenta contra principios
básicos del Derecho Internacional Humanitario y tiene presente asimismo que las
personas bajo poder del MRTA se encontraban expuestas a un riesgo permanente
contra su vida e integridad personal. Al respecto, la Comisión ha reafirmado en
su Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos, que los Estados tienen la
obligación de proteger y garantizar la seguridad de sus poblaciones frente a
acciones terroristas.
Sin perjuicio de la obligación
de los Estados de proteger y garantizar la seguridad de sus poblaciones, la
Comisión considera importante recordar que al adoptar dichas medidas los
Estados deben cumplir con sus obligaciones internacionales, incluyendo las del
Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Como lo ha señalado la
Comisión, “el respeto irrestricto por los derechos humanos debe ser parte
fundamental de todas las estrategias antisubversivas cuando las mismas tengan
que ser implementadas”, lo que conlleva el respeto del pleno alcance de los
derechos humanos. La CIDH subraya que el poder del Estado no es ilimitado, ni
puede éste recurrir a cualquier medio para alcanzar sus fines
“independientemente de la gravedad de ciertas acciones y de la culpabilidad de
quienes cometen ciertos delitos”.
El caso se envió a la
Corte IDH el 13 de diciembre de 2011 porque la Comisión consideró que el Estado
no cumplió con las recomendaciones contenidas en el Informe de Fondo. En dicho
informe, la CIDH concluyó que Perú era responsable
por la violación del derecho a la vida en perjuicio de
Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, Herma Luz Meléndez Cueva y Víctor Salomón Peceros
Pedraza y la violación de los derechos a las garantías judiciales y protección
judicial y al derecho a la integridad personal, en perjuicio de los familiares
de las víctimas ejecutadas. A 14 años de los
hechos, el Estado peruano no ha llevado a cabo una investigación diligente y
efectiva de los hechos, ni ha determinado las responsabilidades sobre los
autores materiales e intelectuales de los mismos.
La CIDH es un órgano
principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo
mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia
de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA
en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son
elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan
sus países de origen o residencia.
Enlaces útiles:
Informe de Admisibilidad del Caso
Informe de Admisibilidad del Caso
IACHR TAKES CASE INVOLVING PERU TO INTER-AMERICAN COURT
Washington, D.C., December 30, 2011 – The Inter-American Commission
on Human Rights (IACHR) filed an application with the Inter-American Court of
Human Rights (IA Court HR) in Case No. 12.444, Eduardo Nicolás Cruz Sánchez et
al., (Operation Chavín de Huántar), Peru.
The case deals with the
extrajudicial execution of three members of the MRTA during the Operation
Chavín de Huántar, through which authorities regained control of the residence
of the Ambassador of Japan in Peru – which had been taken by the armed group on
December 17, 1996 – and 72 hostages were rescued, in 1997. The three executed
persons were under the custody of State agents and, at the time of their
execution, did not represent a threat for their captors. After the Operation,
the corpses of the 14 MRTA members were sent to the Police
Hospital and, without an adequate
autopsy, the remains were buried hours later in different cemeteries of the
city of Lima,
11 of them as NN. After the complaints presented by family members of some of
the extrajudicially executed, an investigation was opened in the civilian
jurisdiction in 2002, but the Supreme Court of Justice decided to send the
investigation to the military jurisdiction, where it was dismissed in 2004. In
the civilian criminal jurisdiction, an investigation was pursued against
Vladimiro Montesinos Torres, Nicolás de Bari Hermosa Ríos, Roberto Huamán
Azcurra and Jesús Zamudio Aliaga, which is in oral phase.
Regarding the specific facts of
the case, the Commission recognizes that Operation Chavín de Huántar,
implemented during the years of the internal armed conflict, had the legitimate
objective of protecting the lives of the hostages, who had spent over four
months inside the residence of the Ambassador of Japan under the control of
fourteen members of the MRTA insurgent group. The IACHR is well aware that the
kidnapping of diplomats and civilians violates the basic principles of
International Humanitarian Law and it is likewise cognizant that the
individuals under the MRTA’s control were at constant risk of their lives and
personal integrity. In this regard, the Commission has determined in its Report on Terrorism and Human Rights that
States have the obligation to protect and guarantee the security of their
populations against terrorist actions.
Without detriment to the obligation
of the States to protect and guarantee the security of their populations, the
Commission deems it important to recall that when adopting such measures,
States must comply with their international obligations, including
International Human Rights Law. As the Commission has pointed out, “unqualified
respect for human rights must be a fundamental part of any anti-subversive
strategies, when such strategies have to be implemented,” and this entails
respect for the full scope of human rights. The IACHR underscores that the
power of the State is not unlimited, nor may it resort to any means to achieve
its ends “regardless of the seriousness of certain actions and the culpability
of the perpetrators of certain crimes.”
The case was sent to the IA Court
HR on December 13, 2011, because the Commission considered that the State had
not complied with the recommendations contained in its Report on the Merits. In
that report, the IACHR concluded that Peru was responsible for the violation of
the right to life to the detriment of Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, Herma Luz
Meléndez Cueva and Víctor Salomón Peceros Pedraza and the violation of the
rights to due process guarantees and judicial protection and the right to
personal integrity to the detriment of the next of kin of the executed victims.
Fourteen years after the facts, the Peruvian
State has not conducted
an effective investigation with due diligence on these facts, nor has it
determined responsibilities regarding its material and intellectual authors.
A principal,
autonomous body of the Organization of American States (OAS), the IACHR derives
its mandate from the OAS Charter and the American Convention on Human Rights.
The Inter-American Commission has a mandate to promote respect for human rights
in the region and acts as a consultative body to the OAS in this matter. The
Commission is composed of seven independent members who are elected in an
individual capacity by the OAS General Assembly and who do not represent their
countries of origin or residence.
Useful Links
Admissibility
Report in the case
María
Isabel Rivero
Directora de Prensa y Difusión
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
O 202-458-3867
C 202-215-4142
“EN LA JORNADA DE HOY, TODO NOS UNE, NADA NOS DIVIDE”
VISITE:
http://www.anpperu.org.pe
http://23908.blogspot.com
http://rickchary.blogspot.com
ESCRIBANOS:
E-mail: anpperu@gmail.com
E-mail: anpperu@speedy.com.pe
COMUNIQUESE:
Telf.: 7267822
Telf.: 4241883
Entradas
